Crítico informe sobre la moratoria previsional y el bono jubilatorio por su inequidad y daño al sistema fiscal

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) publicó un crítico informe que pone en evidencia los graves problemas estructurales del sistema previsional argentino, centrándose en las moratorias previsionales y el bono jubilatorio. Estas políticas, según el análisis, no solo llevaron al sistema al borde del colapso financiero, sino que también generan inequidades sociales y fomentan la informalidad laboral. El presidente Javier Milei vetó recientemente una ley que prorrogaba ambas iniciativas, argumentando que atentan contra el equilibrio fiscal, pero la oposición en la Cámara de Diputados planea insistir para revertir esta decisión.

El informe de IDESA detalla cómo la primera moratoria previsional, implementada en 2005 por decreto durante el gobierno de Néstor Kirchner, permitió que 2 millones de adultos mayores en edad jubilatoria accedieran a una jubilación sin haber cumplido con los aportes requeridos. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC de la época, “sólo el 25% (medio millón) eran pobres”, mientras que “el restante 75% (1,5 millones) que no eran pobres también accedió a jubilaciones contributivas sin haber hecho aportes”. Las sucesivas prórrogas aprobadas por el Congreso generaron “un explosivo aumento en la cantidad de jubilaciones y una previsible y profunda crisis financiera en el sistema previsional nacional”.

Frente a esta situación, los gobiernos recurrieron a una estrategia no explícita: “licuar los haberes combinando alta inflación con manipulación de la movilidad”. Como paliativo, en 2022, el gobierno de Alberto Fernández instauró un bono para los jubilados con haberes mínimos. Sin embargo, IDESA criticó que, “al igual que las moratorias, el bono se paga sin discriminar si el jubilado tiene otros ingresos”.

El documento destaca la relación entre las moratorias y el bono: “Según la Subsecretaría de Seguridad Social en mayo del 2025 se observaba que: la ANSES pagó 3,7 millones de jubilaciones mínimas. Del total de jubilaciones mínimas, 3,5 millones fueron obtenidas con las moratorias. Es decir que el 94% de las jubilaciones mínimas fueron obtenidas con las moratorias y suman además el bono”. Esto implica que “la enorme mayoría de quienes cobran el bono son personas que accedieron a la jubilación utilizando la moratoria. Es decir que el bono beneficia casi en su totalidad a gente que no hizo aportes”. En contraste, “más del 80% de la gente que se jubiló con la totalidad de aportes (no usando la moratoria porque cumplía con el mínimo de 30 años) tienen jubilaciones por encima de la mínima, no reciben bono y consecuentemente sufren de manera plena la licuación de haberes producida por la inflación y la manipulación de la movilidad”.

Condicionamientos

IDESA subraya que “el hecho de que tanto la moratoria como el bono se otorguen sin considerar el nivel socioeconómico de la persona es muy inequitativo, aumenta a niveles insostenible el gasto público y genera incentivos a favor de la informalidad”. Las moratorias, con un diseño “rudimentario” que distribuye jubilaciones indiscriminadamente, llevaron al sistema a una “situación crítica”. El bono, creado para mitigar la pérdida de poder adquisitivo, repite el mismo error: “se otorga de manera indiscriminada a una gran cantidad de personas que no está en situación de vulnerabilidad”, agravando el déficit fiscal.

El informe concluye que “resulta muy paradójico que el bono adolezca del mismo defecto que las moratorias, cuando fue creado para paliar la licuación que impuso el desbalance financiero producido por las moratorias”. En este contexto, IDESA considera que “la menos mala de las alternativas es que el oficialismo logre los votos suficientes para sostener el veto” presidencial. Sin embargo, advierte que esto no resolverá la crisis de fondo, ya que “seguirá pendiente lo más importante y urgente: un ordenamiento integral del sistema previsional”.